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320 J uan J o sé H . A lonso rio, más que la de la Iglesia, aunque sus procedimientos y castigos, como es natural, fueran de índole distinta a la excomunión eclesiás­ tica. Respecto a la forma o a la conveniencia de la intervención del Estado contra miembros de la Iglesia, especialmente en casos de here­ jía, la opinión era discordante, aunque, por lo general, se asentía a la praxis según la cual el gobierno podía actuar en casos públicos y peli­ grosos de herejía sin previo conocimiento del juicio de la Iglesia mien­ tras que ésta debía intervenir en los casos dudosos 98. Por otra parte se opinaba que el magistrado civil —no olvidemos que, por ser cristianos, estaba bajo la autoridad espiritual de la Iglesia— no debía ser molestado por la autoridad eclesiástica por acciones derividas de su oficio. Los mismos clérigos reconocieron en 1637 que ningún magistrado debía ser públicamente interrogado por la Iglesia por discursos pronunciados en los tribunales sin permiso de estos En medio de esta relativa distinción entre la autoridad civil y la religiosa, los puritanos de Nueva Inglaterra tenían planteados algunos problemas que parecían indicar una sociedad en la que los ámbitos de la religión y los de la política se difuminaban. Uno de estos pro­ blemas era el mantenimiento de los clérigos por el Estado. En Mas- sachusetts una de las primeras medidas del mandato gubernamental de Winthrop fue la de establecer unos impuestos para satisfacer las necesidades de dos ministros que predicaban en la colonia 10°. Esta acción suscitó en los fieles la conciencia de contribuir al sostenimiento material de sus ministros pero, en cualquier caso, y dado que en algunas ciudades el número de fieles era muy escaso, el gobierno civil se encargaba de la provisión de fondos para la sustentación de los clé­ rigos 101. Tal medida, al parecer, no lesionaba, en la opinión puritana, la distinción de jurisdicciones entre la Iglesia y el Estado. Otro pro­ blema, aún más grave, era el planteado por la limitación del derecho de voto y del ejercicio de cargos públicos a los miembros de la comu­ nidad eclesial102. Tal medida constituye, sin duda, la mayor barrera levantada por el puritanismo para entorpecer la distinción entre Igle­ sia y Estado. El riesgo de la misma fue denunciado por R. Williams, 98. J. Winthrop, Journal , I, 255. 99. Id., o . c.} ibid. 100. Records of Mass. Bay, I, 82. 101. O. c., I, 140, 216-7. 102. O. c., I, 87.