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bajos y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifi- cados por España”, art. 10.2. Estos derechos y libertades incluyen, por tanto, las normas de comportamiento de lo que nuestro Tribu- nal Constitucional llama moral pública que define como “el mínimo común ético de una sociedad consagrado por el Dere- cho”, con el objetivo de formar, no fieles de Iglesia o confesión alguna, sino ciudadanos de Estado” 51 . Resulta sorprendente que los autores del texto se atrevan a sos- tener que la introducción de la Educación para la Ciudadanía es una exigencia derivada del art. 27.2 de nuestro texto constitucional. ¿Cómo se explica que los juristas, los políticos, los pedagogos, los planificadores del sistema educativo y otros expertos en alguno de los saberes vinculados con la educación no hayan caído antes en la cuenta del contenido del art. 27.2? Menos mal que, aunque tarde, algunos han descubierto ahora el auténtico sentido de ese texto constitucional. Hemos estado expuestos a que se modificase la Constitución, sin haber extraído de ella una de sus potencialidades de enriqueciendo cultural de los españoles o de los habitantes de este país. El diseño señala en otro párrafo que la Educación para la Con- vivencia no pretende entrar en conflicto con la asignatura de Reli- gión. Aunque esto no se relacione apenas con el tema que estoy exponiendo, sí me parece oportuno señalar que advierto en los redactores la presencia de una alegría no disimulada por el incre- mento de la secularización y del pluralismo religioso: “en España se están produciendo simultáneamente dos pro- cesos evolutivos paralelos: la progresiva secularización de la sociedad y el incremento del pluralismo religioso como conse- cuencia de la inmigración. Ambos apuntan en la misma dirección: la generación de un pluralismo cada vez menos desequilibrado entre las distintas creencias religiosas, de un lado, y entre creen- cias religiosas y no religiosas, de otro” 52 . ¿FILOSOFÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPAÑOLA? 267 51 Ib. 52 Ib.