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Ohaldizun y Olasur-eguía, pegante a la ferrería monacal, y en la misma proporción que a los otros vecinos. El 17 de octubre de 1793 fulminaba desde Pamplona ex- comunión inapelable don Pascual de Churruca, provisor dio- cesano y vicario general, en nombre del obispo don Es- teban Antonio Aguado y Rojas, por los hurtos de impor- tancia perpetrados en los bienes del vecindario y del mo- nasterio, «con ocasión de la revolución de Francia y de- claración de la guerra contra aquella nación». La furia jacobina de bisoños franceses se había cebado en la mo- rada de los premonstratenses. Cuando, por decreto de 18 de agosto de 1809, suprima José Bonaparte todas las casas religiosas de España, no hallarán sus comisionados ajuar ni mobiliario que inventariar, porque en aquella fecha de 1793, «fueron saqueados y en su mayor parte quemados la iglesia y monasterio», lo mismo que sus molinos y fá- brica de labrar hierro, que desmantelaron previamente. De la iglesia se llevaron los franceses una verja de hierro, forjada en 1735, De los dieciocho balcones y cuarenta ven- tanas monacales, todo el herraje. Pegaron fuego o ardió por contagio su biblioteca de nueve mil volúmenes, de los que apenas se salvaron algunos en la llamada «casa del gobernador» de Elizondo, a cargo de doña María Antonia Dolarea. Se salvó el sobrio y elegante ciaustro de piedra rosada, levantado en tiempo del a don José Gastón, el año 1679, por mano del maestro de cantería Martín de Zubieta. Vivieron aquellos maltratados monjes premonstratenses en el santuario de Loyola, por gentileza del gobierno de Su Majestad, desde 1793 al 21 de noviembre de 1806, en que se reintegraron a su residencia, a ruegos insistentes de Urdax y de Zugarramurdi. Cuando se dio el decreto de Bonaparte, pertenecían a la comunidad treinta canónigos, de los que apenas nueve eran residentes, siete vivían en otros tantos curatos, y los catorce restantes en sus casas o en alguna coadjutoría, por imposibilidad de mantenerse en el monasterio. La penuria no procedía tanto de la carencia de bienes raíces, cuanto de la dificultad de po- nerlos en explotación, tras largos años de abandono y del calamitoso estado de los edificios. Según inventario hecho en 1809, las rentas del monas- terio se calculaban en 86.541 reales de vellón por año, in- cluidas fincas y curatos. En las partidas se relacionan tie- rras de pantraer, manzanal, casa con bodega y lagares de piedra de sillería en la propia población de Elizondo, tierras de cultivo en Lindachipiía, Ascozábal, casa de Ainz y Maur- día. En Soyasun y Otsondo, 130.994 árboles bravos, y en Olaticoborda y Otsondo, 54.150 plantas de vivero. En Ur- dax, terrenos forestales propios, molino farinero, ferrería y martinete «para tirar fierro y reducirlo a barras». El mine- ral procedía de Vizcaya; desde San Juan de Luz lo hacían transportar en barcazas hasta Ascáin, en donde el monas- terio tenía puerto propio. Tenía además establecidos di- versos censos a su favor sobre casas de Echalar, Urdax y Zugarramurdi, y rentas en los llamados «efectos de la villa de Madrid y fundación Narvarte». En Pamplona tenía la casa número 22, frente al Carmen descalzo. En Eugui, la casa vicaríal y tierras. Los créditos contra el monasterio, por préstamos que tuvo que pedir y por deudas que no había podido satisfacer, como la del organero Amezúa, montaban 105.837 reales y diez maravedises, en noviem- bre de 1809. Cuando los ex-religiosos Pedro de Sotillarena, Agustín o e a tes