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los gastos causados por el ejercito de ocupación (Buitrago, 2 de agosto de 1808). Los ministros Azanza y Urquijo se desplazaron a Paris para presentar personalmente su demanda: «pero la política de Na- poleón no admitía consejos, ni tampoco freno su ambición». Por su parte los ministros Mazarredo, O'Farril y Cabarrus dirigieron sendos mensajes, desde Aranda de Duero y desde Vitoria al general Castaños, al presidente de la ¡unta suprema de Sevilla, don Francisco Saavedra, y al ministro de estado, don Pedro Cevallos, para prevenirles contra las consecuencias de una guerra napoleónica, ya inevitable: desmembración de las provincias situadas a la margen izquierda del Ebro, confiscacio- nes, saqueos, ruina de todo el reino y total subyugación al gobierno francés. El día 5 de ncviembre se entrevista Napoleón con su her- mano José en Vitoria; el día 6 toma el mando supremo de la Grande Armée; el 2 de diciembre, aniversario de Austerlitz, acampa en Chamartín, después de haber desbaratado toda resistencia en Burgos, que entregó al saqueo, y en Somosierra; el 23 de diciembre, juramento de fidelidad al rey José por los consejos del reino y villa de Madrid y partida inesperada de Napoleón hacia Valladolid, por los avances del inglés John Moore; y el 17 de febrero marcha repentina hacia la frontera por los rumores de una nueva coalición europea. Azanza y O'Farril, informados de la anarquía reinante entre los 34 miembros de la junta central suprema gubernativa del reino (JCSGR), provisionalmente reunida en Madrid, y testigos de las desventuras acaecidas a la ciudad de Burgos por su resistencia al francés, intentaron salvar la villa y corte de ta- maño desastre. Antes de que Napoleón se presentara en Somo- sierra, camino de Madrid, despacharon un propio urgente, para prevenirles que si la defensa no estaba perfectamente organi- zada, evitaran irritar al emperador con fútiles escaramuzas. La JCSGR mandó hacer auto de fe de aquellos pliegos y publicó auto de proscripción contra los firmantes y sus colegas. Y cuando, por el avance del ejército napoleónico, tuvo que emi- grar hasta Sevilla, renovó su decreto en los términos siguientes: «En el real palacio del Alcázar de Sevilla, 2 de mayo de 1809. El marqués de Astorga, presidente. A Dn. Martín de Garay, secre- tario. «Serán confiscados todos los bienes, derechos y acciones pertenecientes a todas las personas de qualesquiera estado, calidad o distinción que fueren y hayan seguido y sigan el partido del francés, y señaladamente los de Dn. Gonzalo O'Fa- rril, Dn. MIGUEL JOSEF DE AZANZA, del marqués de Caballero, del conde de Campo Alange, del duque de Frías, del conde de Cabarrus, de Dn. Josef de Mazarredo, de Dn. Mariano Luis de Urquijo, ... del marqués de Montehermoso, del marqués de San Adrián... cuyos sugetos por notoriedad son tenidos y reputados por Reos de Alta Traycion. Qualesquiera de ellos que sea aprehendido será entregado como tal al tribunal de seguridad pública para que sufra la pena que merecen sus Delitos. Este Decreto se publica para que llegue a noticia de todos...» Reconoce Azanza que España alberga en su seno «millones de hombres tan enérgicos como esforzados»; pero juzgó enton- ces, a vista de los acontecimientos, que su gesto patriótico era irracionalmente suicida. Y como Azanza opinaron no sólo la corte del intruso, sino la villa de Madrid que en sus parroquias prestó juramento de fidelidad, ante el Santísimo expuesto, y muchos consejeros de estado, Indias, hacienda, guerra, marina y los alcaldes de corte, junta de comercio, nobleza y clero, que no se limitaron al juramento, sino que enviaron comisionados a Valladolid a reiterar a Napoleón súplica del regreso inmediato de su hermano José, para prestarle obediencia y rendirle pleite- ns