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M i r e sid e n c ia e n S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a e n 1 8 9 3 1 9 1 esperanza se desvaneció también. Contra lo que todos esperaban, inopinadamente, con gran apresuramiento, casi clandestinamente, el P. José Calasanz de Llevaneras, confirmó a su hermano Joaquín, Provincial deCastilla por otro trienio, lo mismo hizo con el Provincial de laProvincia de Aragón, los Definidores y Superiores locales de ambas Provincias. Para justificarse a sí mismo, sostiene el P. José Calasanz de Llevaneras que todos los Superiores han sido elegidos en Capítulo canónicamente celebrado y con arreglo a los cánones y leyes de laOrden. Consta, empero con toda certeza y puede probarse jurídicamente, que ni el Capítulo fue convocado en tiempo oportuno, ni fueron llamados todos los vocales que de derecho habían de asistir, ni hubo votación con arreglo a las leyes de la Iglesia y de la Orden” . “Por lo que hace a la Provincia de Toledo debe decirse que todos los Superiores, tanto Provinciales como locales, sin exceptuar uno solo, se creen elegidos contra todas las leyes y han presentado a la Santa Sede la dimisión de sus cargos, pues no quieren retener ni defender lo que les consta muy bien haber sido hecho contra todo derecho, ni han olvidado la palabra de Jesucristo: El que no entra al aprisco por la puerta, sino por otro sitio es un hurtador y un ladrón” . “Rogado el P. José Calasanz de Llevaneras a que presentase a los religiosos los documentos por los cuales se le conferían las facultades que se arrogaba de elegir los Superiores sin guardar las leyes de la Iglesia y las de la Orden, se negó a presentarlas. Y hasta se atrevió a decir que las Provincias de los Capuchinos de España, aunque erigidas por autoridad apostólica con todos los derechos de que gozan las demás Provincias de la Orden, no debían tenerse por Provincias verdaderas y regulares por cuanto aún no han sido reconocidas y aprobadas por el Gobierno civil. A nadie se le oculta cuán falso es este aserto. En primer lugar los derechos eclesiásticos no dependen de la autoridad civil: el que piensa de otra manera es cierto que incurre en herejía. Además el Gobierno civil de España, según consta de documentos auténticos, ha autorizado a los Capuchinos y a otros frailes para vivir conforme a las leyes de su Orden”
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