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24 Capítulo I — Cinco lustros fundación ha sido considerada siempre como fraternidad de la pro­ vincia, ha servido de puente religioso y humano con Filipinas y México, y no ha llegado ni mucho menos a conseguir toda la expansión por suelo ame­ ricano. Sus superiores han procedido siempre con un realismo y cautela dignos de encomio, y han ayudado a la fraternidad provincial con lar­ gueza. Se llegó también a un acuerdo con Argentina para ayuda con per­ sonal a cambio de una contrapartida económica. En este trienio se iniciaron conversaciones para la construcción del convento e iglesia de Logroño, buscando una situación más estable al piso y capilla, en los que vivían y actuaban los religiosos. Se realizaron también gestiones para poner pie en la ciudad de Vitoria, provincia civil sin ninguna casa religiosa nuestra; pero resultaron infructuosas, a causa de la abundan­ cia de clero secular y de la típica oposición de la diócesis a fundaciones de religiosos. En busca de una necesaria expansión por el variado territorio de nues­ tra provincia religiosa, durante el año 1951 se removió la recuperación del convento de Basurto (Bilbao). La provincia nunca había olvidado la situación en que quedó dicho convento a la hora de la constitución de las provincias capuchinas de España, sobre todo, la de Castilla y la nuestra. El 9 de diciembre de 1916 y el 21 de julio de 1950 había interpuesto actos el definitorio general para que dicho convento fuese traspasado a la provincia. La resolución del definitorio fue elevada a la congregación de religiosos y fue resuelta por decreto del día 22 de junio de 1951 en el sen­ tido de que Castilla dejase definitivamente a Navarra el convento de Bilbao en el término de seis meses. El día 23 de julio, y siguiendo el decreto de la congregación, el definitorio general ejecutaba el decreto predicho, y determi­ naba que dicho convento quedaba separado de la provincia de Castilla desde el día 31 de julio de 1951 y agregado a la de Navarra. Las circuns­ tancias del traspaso serían estudiadas con un ejecutor del decreto. Dicho religioso fue el P. Pablo de Besalú, de la provincia de Cataluña. Aunque no le dieron la posibilidad de realizar el cometido de su nombramiento. La provincia de Castilla interpuso sus razones y sus valimientos y detuvo la ejecución. Aprovechando la circunstancia de la citada audiencia del padre provincial con el jefe del estado, aprovechó para defender a la provincia de la acusación lanzada contra nuestros religiosos. Este con