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360 MANUAL DE HISTORIA FRANCISCANA ral, constaba en los primeros años de cuatro y desde las constitu– ciones de 1536 de seis definidores. Sus prerrogativas eran en la época antigua superiores con mucho a las del definitorio de los observantes y conventuales, ya que el general tenía que contar con su consentimiento para cualquier asunto de importancia; en los primeros tiempos el definitorio tuvo poder para legislar y con– firmar las decisiones del capítulo general. El capítulo general se convocaba con mayor o menor intervalo según la duración del cargo de general. A él asistían, desde 1619, además del vicario general y los definidores, los ministros pro– vinciales y los custodios generales, que no podían ser ni menos de tres ni más de cinco por cada provincia, según se había determi– nado en 154,9. Resuelta la cuestión de la igualdad de votos entre las provincias, cada una de éstas enviaba al capítulo general dos custodios con el ministro provincial. Actualmente tienen voz activa el ministro general y los definidores, los ex ministros generales, el secretario general, los ministros y comisarios provinciales y un solo custodio por cada provincia, elegido en el capítulo provincial anterior. El cargo de ministro provincial (hasta 1619 vicario provincial) era confirmado al principio cada año por el general, según las constituciones de Albacina; su duración normal era de tres años, duración que luego se hizo definitiva. Al provincial asisten cuatro definidores asociados al gobierno de la provincia. Los capítulos provinciales se reunían en el siglo XVI una vez al año. La citada bula famesiana ordenó que se celebraran de tres en tres años, pero con una congregación intermedia ( capitula ses– quiennalia). Tenían voto en ellos el ministro provincial, los guar– dianes y los discretos de cada convento. Este discreto capitular es elegido por todos los religiosos de cada comunidad que llevan cierto tiempo en la Orden; es el elemento más marcadamente de– mocrático que ofrece el sistema de gobierno de los capuchinos. Muchas veces se ha intentado abolirlo, por las ambiciones, intrigas y desórdenes a que puede dar lugar; durante mucho tiempo lo consiguieron las provincias españolas y transitoriamente otras de las ultramontanas, pero por fin tuvo que ser restablecido en todas.