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deres y con condiciones que el Estado puede dejar incum– plidas sin posibilidad práctica de vindicación . Porque no se trata de la materialidad del valor en sí de los bienes que enajena el pueblo, sino de la suprema violencia que implica, convertir sus tierras y casas en arena movediza de dinero, con un valor convencional y variable. abandonar sus nidos y sus campos regados con su sudor y expatriarse disolviéndose las comunidades. Esto no tiene compensación. Sin entrar en el laberinto de intervenciones y preva– lencias del Estado a favor de las cuales se ha atropellado a los Municipios y se han consumado incautaciones y despo– jos indignantes, no se puede negar que el Estado no pue– de proceder cesaríslicamenle imponiéndose; porque su jui– cio como jurista, no es infalible, y porque el Estado no ofre– ce garantías de fidelidad. Podrían traerse aquí casos mil y he sido testigo de incumplimiento de condiciones por parte de poderosas sociedades, con gravísimos perjuicios del pue– blo invadido, el cual agotó los recursos judiciales sin resul– tado práctico, llegando el asunto al Parlamento, donde el Dipu tado del distrito, excelente jurisconsulto y orador par – lamentario, alzó su voz, descubrió la llaga, demostró la in– justicia, ponderó las funestas consecuencias y obtuvo del Gobierno toda clase de seguridades; y sin embargo no se remedió nada . Y yo pregun to: cuando a un pueblo se le cierran los recursos legales de justicia ¿qué procede que haga con aquella presa y aquellos cauces y aquellas obras que son monumento vergonzoso de prevalencias y de arbitrariedad? ¿Qué respuesta tiene la violencia? Los que han de resolver en el plei to de la necesidad de esas expropiaciones no son los extraños, los interesados en que se realicen para obte– ner propio provecho. ni los poderes influenciables por los que proyectan ; y si no se puede evitar toda parcialidad del juez. lo racional es inclinarnos a reconocer por tal , al que lleva la auté ntica representación de los que tienen que ce– der y tienen que abdicar de derechos y propiedades de que necesitan y en cuya poses ión están. El camino que queda a los proyectistas es mejorar condiciones, establecer garan– tías que hagan aceptables las enajenaciones. Pero bien: llega el caso de que sea procedente reali– zar la obra . Si los Municipios pueden subsistir porque los poblados 236